Tras un período de cierta tregua en el que la Inspección de Hacienda parecía haber abandonado la idea de rechazar la deducibilidad de la retribución de los administradores, con la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (vigente a partir del ejercicio 2015), nos estamos encontrando, desgraciadamente, con una vuelta a las andadas, tras la Resolución del TEAC de 17 de julio de 2020.
Analizamos la clarificación de criterio que aporta la Audiencia Nacional de cara a la aplicación de la exención del artículo 7.p) de la Ley del IRPF en los consejeros.
El 24 de noviembre se publicó la Orden HAC/1089/2020 por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del IVA a través de la Sede Electrónica de la AEAT. Esta persigue adaptar el contenido y diseño de los Libros registro llevados a través de la sede electrónica de la AEAT mediante el conocido SII a los cambios normativos, así como la mejora en la calidad de la información suministrada a través del SII mediante la introducción de nuevas validaciones y errores.
En los últimos meses hemos conocido distintas sentencias del TJUE sobre los mercados de telecomunicaciones y electricidad, en las que se pronuncia sobre la compatibilidad entre el marco regulatorio y diversos impuestos y tasas exigidos en España por la realización de actividades en los sectores citados.
Cada año, en noviembre, los grupos de empresas deben cumplir con la obligación relativa a la Declaración Informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados paraísos fiscales (Modelo 232), por vía electrónica. En general, su cumplimiento requiere muchas horas de trabajo manual, con una dedicación intensiva de los equipos de poco valor añadido, y la generación de ineficiencias, duplicidades y posibles errores manuales.
El Tribunal Supremo, en sentencia del pasado 17 de septiembre, fija una doctrina fundamental para el sector público en relación a la exención de determinados inmuebles afectos a servicios públicos como la defensa nacional, la seguridad ciudadana o los servicios educativos y penitenciarios.
