Tras la reciente sentencia del Constitucional que declara inconstitucional y nulo el Real Decreto-ley 2/2016, dado que excede de los límites que el artículo 86 de la Constitución española prevé para esta figura jurídica, debemos plantearnos si este pronunciamiento puede, en su caso, ser trasladable a otras modificaciones que han afectado al Impuesto sobre Sociedades realizadas mediante un Decreto-Ley.
Analizamos la clarificación de criterio que aporta la Audiencia Nacional de cara a la aplicación de la exención del artículo 7.p) de la Ley del IRPF en los consejeros.
La derogación del Real Decreto Ley 27/2020 conlleva la de su Disposición Adicional Cuarta, que ampliaba hasta el próximo día 31 de octubre de 2020 la aplicación del tipo impositivo del IVA del cero por ciento a las compras de material sanitario y equipos médicos (los referidos en el Anexo incorporado al propio RDL) necesarios para combatir los efectos de COVID-19.
Explicamos algunos aspectos clave de las últimas novedades fiscales en Latinoamérica. El asunto más relevante es la esperada reforma tributaria en Brasil, la cual avanza de acuerdo con las fases propuestas y comienza con la sustitución del PIS/COFINS. Por otra parte, México, que introdujo una reforma fiscal muy relevante en 2020, centra su paquete económico para el 2021 en aspectos relacionados con la seguridad jurídica y la simplificación administrativa. Además, también abordamos novedades relacionadas con Uruguay, Ecuador y Colombia.
Habitualmente, vemos ajustes de precios de transferencia en inspección en los que no se da el oportuno trámite a la contraparte ni se procede de oficio a la regularización bilateral en la misma. Puede darse el caso incluso que el derecho a proceder a la regularización en la contraparte haya prescrito una vez el acto es definitivo. Reseñamos una nueva Sentencia del Supremo que va un paso más allá realizando una interpretación extensiva del plazo de prescripción a favor del contribuyente.
El 15 pasado de julio, el Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la decisión de la Comisión Europea por la que se entendía que Apple se había beneficiado de una ayuda de Estado ilegal por unos 13.000 millones de euros. La Comisión dictaminó que Irlanda había concedido beneficios fiscales de una manera indebida y selectiva a Apple por dicho importe y, por lo tanto, debía reclamar a la compañía su devolución.
