El Plan Director por un Trabajo Digno aprobado el pasado julio va a dirigir la actuación de la Inspección de Trabajo en los próximos años, y ya se está haciendo sentir en muchas empresas. Este Plan parte de identificar los problemas que considera prioritarios en nuestro mercado de trabajo; para los que diseña medidas ad hoc; con el objetivo general de promover un empleo de calidad; contratación temporal fraudulenta; jornadas involuntarias a tiempo parcial; abuso de las jornadas extraordinarias sin compensación de ningún tipo y generalización de la figura del falso autónomo.
Esta última práctica no es nueva en absoluto, pero sí ha generado una mayor preocupación en los últimos tiempos. El caso Deliveroo, que todavía tiene mucho que andar, ha puesto de manifiesto cómo algunos de los nuevos modelos de negocio de la economía digital se basan en un trabajo autónomo de escasa calidad y consistencia. A ello se une un repunte de su presencia en muchos sectores, como consecuencia tanto de la falta de oportunidades laborales para algunos colectivos, como de la debilidad de la recuperación del empleo de nuestra economía.
Con el falso autónomo se persigue una traslación de riesgos y costes al trabajador; un abandono de responsabilidades; un ahorro económico y, cada vez más, una mayor flexibilidad en la utilización de los recursos humanos. Es un fraude en cuanto se pretende ocultar no sólo la verdadera naturaleza de la relación laboral, sino sobre todo la presencia de un empleador, con las responsabilidades propias de esta condición. Como tal debe ser tratado, y no queda otra consecuencia en nuestro Derecho que la conversión a la realidad, la laboralización de la relación de servicios.
La extensión del fenómeno no debe sin embargo hacernos ignorar otro fenómeno, común a toda la economía global, que es el de la llamada «revolución freelance«. Ésta supone la multiplicación de formas de trabajo autónomo o de microempresas, diferentes del trabajador por cuenta propia tradicional, que se está generalizando en las economías desarrolladas. Supone tanto una nueva forma de afrontar la actividad profesional para las personas, como otra manera de obtener servicios y bienes en el mercado para satisfacer necesidades de consumidores y empresas. Es la respuesta perfecta a la tendencia de las empresas a contratar on-demand, pues permite la contratación de profesionales en la cantidad y por el tiempo exclusivamente necesitados, sin emplearlos a través de contratos de trabajo y reduciendo considerablemente los costes de sus servicios para sus usuarios.
No es sólo una cuestión estadística, también lo es cultural: el freelance se convierte en un nuevo paradigma del mercado de trabajo, en un modelo a seguir al expresar una serie de valores positivos como la autonomía, la iniciativa, la innovación, el valor, la capacidad de sacrificio… Se considera que aporta al profesional una libertad de organización de su vida y de su trabajo que debe ser el objetivo a perseguir en el siglo XXI. Más aún, algunas de sus señas de identidad se han extendido al trabajo asalariado, en el que se busca mayor autonomía, menores controles, libertad de jornada, capacidad comercial, iniciativa…
También las autoridades han aceptado la bondad de esta alternativa, y la han interiorizado en sus políticas de empleo. Éstas se orientan cada vez más hacia el autoempleo y el emprendimiento, con ayudas a la creación de microempresariado. Se produce, de esta manera, la paradoja de que el mismo Estado que mira con desconfianza la extensión del trabajo autónomo lo promueve como alternativa válida a la desocupación.
Del futuro debemos esperar una generalización del trabajo autónomo en todas las actividades, y con una notable divergencia en cuanto a sus condiciones de vida y trabajo. Nuestro Derecho, que ha avanzado mucho en los últimos años, sigue teniendo notables carencias para este tipo de empleo por cuenta propia, distinto al tradicional. El objetivo debe ser asegurar la dignidad del trabajo autónomo, que se convierta en una opción de calidad a la que las personas recurran voluntariamente y sin que ello suponga una precariedad económica y profesional.