Año tras año, empresas y contribuyentes han tenido que hacer frente a un largo número de enmiendas y reformas tributarias, del más variado signo y condición, a las que han tenido que adaptar su conducta y autoliquidaciones. Sin embargo, desde hace un tiempo, parece que los vientos han cambiado de forma drástica y ya no afectan sólo a impuestos concretos o medidas simplemente amontonadas. Una fuerte corriente política y social está empujando a la fiscalidad por nuevos caminos de auténtica transformación.
Podemos identificar este proceso en particular con la OCDE y sus medidas contra la erosión y traslación de bases imponibles en el Impuesto sobre Sociedades, o con la UE y sus propuestas de directivas contra la evasión fiscal o el suministro de información «país por país» exigido a las multinacionales, o también con el intercambio de información impulsado por EEUU a través de su normativa FATCA, que se ha ido extendiendo a cada vez un mayor número de casos y países. Parte de dichas medidas ya se han introducido también en nuestra normativa a través de la Ley General Tributaria o la última modificación del Impuesto sobre Sociedades. Otro cambio aparentemente formal pero igualmente destacable, ya iniciado en otros países de la UE y también impulsado desde la OCDE, objeto de discusión y aún pendiente en España, es la nueva exigencia de suministro electrónico de las facturas emitidas y recibidas, llamado a modificar de forma muy significativa la aplicación y gestión del IVA.
No podemos pretender que, quizá como en otras reformas, sea suficiente con adaptarse a las nuevas normas. Ante la magnitud y trascendencia de los cambios es necesario reflexionar sobre la situación tributaria de cada uno, revisar cómo se gestionan y revisan los riesgos fiscales, cómo se adoptan decisiones que influyen de forma significativa en los impuestos a pagar y aprender a explicar a los directivos, a los accionistas, a los empleados, a la sociedad en general, cuál es el comportamiento ante los impuestos y el resultado del mismo. Un adecuado diseño de la función fiscal en la empresa y un ajustado cálculo de los impuestos satisfechos, resultan fundamentales para hacer frente a la nueva situación descrita.
En cuanto al cálculo, desde luego es un ejercicio muy interesante descubrir la parte del año que uno dedica a pagar sus impuestos o cuál es la cuota, ya global ya país por país, con que una empresa ha contribuido a lo largo del año, o ha tenido que gestionar y finalmente pagar a una Hacienda Pública, ya sea central, regional o local, por los más variados conceptos. No será un cálculo sencillo, esto es seguro. Recordemos que una empresa en España ha de cumplir ante la Agencia Tributaria, pero también ante las Haciendas Forales, que son cuatro, ante las de Canarias, Ceuta y Melilla, ante las restantes Comunidades Autónomas de régimen común, catorce, y un muy elevado número de municipios, más de ocho mil…, y a menudo ocurrirá que existen impuestos o tasas singulares, específicos, que dificultarán el cálculo. En total son más de cien los que tenemos en vigor, si sólo contamos impuestos.
Tras hacer esta compleja suma de impuestos, tasas, contribuciones especiales y exacciones parafiscales pagados en España, obtendríamos un importe que, si nos atenemos a los últimos datos disponibles de Eurostat (2014), podría estar en el entorno del 34,4% de los ingresos también obtenidos en España (casi seis puntos menos que la media de la UE y siete menos que la de la eurozona). Como toda media, sirve de poco en el caso concreto y particular de cada uno, pero al menos nos servirá de indicador de posición relativa.
Al próximo Gobierno no le queda por tanto sólo la ardua tarea de revisar los complejos mecanismos y los problemas que viene planteando la financiación autonómica, con la cesta de impuestos disponible y sus reglas de reparto. Además habrá de dirigir el conjunto del sistema fiscal español hacia una transformación en línea con los grandes agentes internacionales y cambios que se están gestando y decidiendo en estos foros, sin descuidar los intereses generales de los ciudadanos y empresas españolas.