Actualidad Jurídica

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Los medios propios de la Administración dejan de ser meros intermediarios en la contratación pública

6 de octubre de 2016 - A día de hoy resulta conveniente que las Administraciones Públicas velen para que, por un lado, sus medios propios lleven a cabo para ellos más del 80% del total de su actividad y, por otra, que dispongan directamente de los medios personales y técnicos idóneos y suficientes para realizar prestaciones en el sector de actividad que corresponda con su objeto social.
https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/contratos-temporales-eventuales-y-de-interinidad-nueva-doctrina-del-tribunal-de-justicia-de-la-ue/

Contratos temporales eventuales y de interinidad en el sector sanitario. Nueva doctrina del Tribunal de Justicia de la UE

22 de septiembre de 2016 - Se han dictado tres sentencias del TJ de la UE en las que se cuestiona la legalidad de los contratos eventuales y los contratos de interinidad de la sanidad pública, y el derecho a indemnización por finalización del contrato de interinidad, entendiendo que el interino debería tener el mismo derecho que los trabajadores eventuales.
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Sentencia del TJUE sobre indemnización por despido en contratos de duración determinada

21 de septiembre de 2016 - El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto una importante cuestión prejudicial instada por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, que puede ser directamente aplicada por los Tribunales españoles. La cuestión versa sobre la interpretación de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, de 18 de marzo 1999, anexo a la Directiva 1999/70/CE.
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La duración de los contratos de “timesharing” según la reciente jurisprudencia del TS

7 de septiembre de 2016 - La sentencia del Tribunal Supremo de 19/02/2016 ha establecido doctrina en el ámbito de nuestra contratación civil y mercantil, al disponer que, tras la entrada en vigor de la Ley 42/1998, la comercialización de turnos de aprovechamiento turístico que no respeten el régimen temporal fijado en la citada ley, que fija una duración entre 3 y 50 años, da lugar a la nulidad de pleno derecho del contrato.