El próximo 1 de julio, comienza la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea. Es bien sabido que Alemania es uno de los firmes defensores de la tributación mínima para las sociedades y de algunas de las figuras que desde hace tiempo se están discutiendo en el ámbito internacional, y parece lógico que las trate de impulsar durante su presidencia.
En este sentido la canciller alemana, Angela Merkel, se ha pronunciado el pasado 25 de abril, señalando que Alemania intentará buscar un acuerdo sobre un impuesto a las transacciones financieras (FTT) y un impuesto mínimo de sociedades. También se refirió la canciller a otras figuras impositivas relacionadas con la fiscalidad medioambiental.
El impuesto sobre las transacciones financieras se debate en la Unión Europea desde el año 2011, en un principio se intentó adoptar por todos los estados, pero dada la clara oposición de algunos como los nórdicos o el Reino Unido, se decidió, en el año 2013, pasar al procedimiento de cooperación reforzada, donde actualmente se debate por un grupo de diez de los estados. Aún así, no ha sido posible llegar a un acuerdo sobre este impuesto, que año tras año pasa por las reuniones del Consejo donde parece que no hay una voluntad clara de adoptarlo, pero tampoco se quiere asumir la incapacidad de llegar a un acuerdo sobre un impuesto con tanta carga política.
A principios de este año, Alemania intentó romper el bloqueo de las negociaciones con una propuesta de un impuesto del 0,2 por ciento sobre las compras de acciones en compañías con una capitalización de mercado superior a mil millones de euros, sin embargo, Austria, que es uno de los 10 estados que participan en la cooperación reforzada, se opuso a la propuesta, por considerar que afectaría negativamente a los pequeños inversores.
España publicó un proyecto de impuesto sobre las transacciones financieras en términos muy parecidos a la propuesta europea y recientemente el gobierno ha manifestado su intención de impulsarlo, por lo que es probable que en España se adopte este impuesto sin esperar al acuerdo en la Unión Europea, tal como han hecho otros estados como Francia o Italia.
Alemania también es un firme defensor de un impuesto de sociedades mínimo, siendo, junto con Francia el impulsor de la tributación mínima global, que bajo el acrónimo de GloBE, se debate en la OCDE contando con un amplio apoyo dentro del G7.
Cabe esperar que, por lo tanto, Alemania trate de impulsar dentro de la Unión la adopción de esta tributación mínima. No está claro como se querrá establecer, si bien una opción que sería lógica es utilizar la vieja propuesta de la base imponible común consolidada (la conocida CCCTB) para introducir un impuesto mínimo.
La CCCTB es una propuesta de Directiva, que lleva también mucho tiempo discutiéndose en la Unión, en este caso hay que remontarse al 2005, cuando se empezó a discutir en un grupo de trabajo ad-hoc, la propuesta implica que los estados seguirían unas reglas comunes para el calculo de la base imponible y se repartirían el impuesto de las multinacionales que operen en varios estados de la Unión, mediante una formula basada en las ventas, los activos y los sueldos de la empresa en su territorio.
La CCCTB no ha tenido un gran avance durante los últimos años, pero puede recibir ahora el impulso desde la OCDE, donde las discusiones sobre economía digital han derivado hacia un reparto de las potestades tributarias de los estados sobre las empresas multinacionales en función de sus ventas, y el establecimiento de una tributación mínima que recuerda en gran medida a la CCCTB.
No es descartable que Alemania trate de impulsar la CCCTB, como la forma de recoger en Europa el trabajo de la OCDE y de paso tratar de impulsar, el reconocimiento de una tributación mínima aceptable. El progreso en la CCCTB se podría beneficiar de la salida del Reino Unido que es uno de los estados que, junto con Irlanda y algunos del este, claramente se oponía a su aprobación.
Es por lo tanto necesario estar muy pendiente de esta nueva presidencia rotatoria de la Unión porque podría traer como consecuencia la adopción de impuestos que llevan años siendo discutidos sin que se haya logrado un claro avance.