Los expertos y directivos creen que la reforma del Impuesto sobre Sociedades mermará la competitividad de las empresas y el crecimiento económico

8 de marzo de 2017

Alberto Monreal Lasheras

Of Counsel en PwC Tax & Legal

+34 915 684 226

Javier González Carcedo

Socio responsable de Mercados y de Integrated Global Solutions en PwC Tax & Legal

+34 915 684 337

Joaquín Latorre

Socio responsable de PwC Tax & Legal

+34 915 684 536

Los expertos y directivos -catedráticos, responsables de fiscalidad de compañías nacionales e internacionales y responsables de asociaciones profesionales- se muestran contrarios a la reforma del Impuesto sobre Sociedades aprobada por el Gobierno, el pasado mes de diciembre, dentro del paquete de medidas tributarias para la consolidación de las finanzas públicas. El 60% considera que va a afectar en mayor o menor medida a la competitividad de las empresas españolas y al crecimiento económico. Y un 42% cree que no se van a conseguir los objetivos recaudatorios previstos. Estas son algunas de las principales conclusiones del Consenso Fiscal, correspondiente al primer semestre de 2017,  que elabora PwC Tax and Legal Services, a partir de la opinión de un  panel de expertos y directivos.

Pero del Consenso Fiscal se desprende que las discrepancias de los encuestados no vienen tanto porque el Impuesto de Sociedades haya sido el principal tributo elegido para incrementar los ingresos del Estado –un 46% se muestra contrario, un 38% dice no tener una opinión definida al respecto y un 16%  está de acuerdo-, como por el contenido de la reforma propuesta.  En concreto, el 71% de los encuestados están en desacuerdo con la limitación adicional a la compensación de  bases imponibles negativas para las grandes empresas; el 74% con la limitación adicional a la deducción por doble imposición; y un 78% con cómo se ha articulado el establecimiento de un pago fraccionado mínimo en el Impuesto sobre Sociedades. Además, un 60% es contrario a la limitación a la deducibilidad de pérdidas por la transmisión de participaciones. Pero lo que mayor rechazo suscita es la decisión del Ejecutivo de aplicar todas estas medidas con carácter retroactivo. Una circunstancia que aglutina el rechazo del 83% de los encuestados.

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