El 16 de julio, el Parlamento Europeo confirmó a Ursula Von Der Leynen como nueva presidenta de la Comisión Europea. En su discurso ante el Parlamento, la nueva presidenta señaló cuáles serán las prioridades de la Comisión europea durante el nuevo mandato, entre las cuales cabe destacar el establecimiento de un impuesto sobre el carbono en frontera, así como conseguir un sistema tributario justo en el que las empresas, digitales en mayor o menor medida, paguen su parte justa de impuestos.
En un discurso muy centrado en la política medioambiental, la presidenta de la Comisión aseguró establecerá un impuesto sobre el carbono en frontera, para evitar la fuga de carbono. Comenzaría con una serie de sectores con la idea de ampliarlo gradualmente. También se revisará la Directiva sobre impuestos a la energía, de manera que se pueda garantizar que las empresas europeas puedan competir en igualdad de condiciones.
Parece que la nueva Comisión está pensando en establecer un impuesto, en línea con el solicitado en mayo por España, mediante carta de las ministras de Energía y de Hacienda a sus homólogos de la Unión Europea. Se trata de un impuesto por el que se grava, en frontera, las importaciones de productos producidos bajo estándares climáticos más bajos.
La presidenta señaló, así mismo, la equidad tributaria como uno de los pilares fundamentales de la economía europea, que definió como social de mercado. Todos deben pagar su parte justa de impuestos, sin excepciones. La presidenta considera que una carrera hacia la baja socava la capacidad de los países para establecer políticas tributarias que satisfagan las necesidades de sus economías y ciudadanos. La UE y los impuestos de sociedades internacionales necesitan una reforma urgente. No son aptos para las realidades de la economía global moderna y no capturan los nuevos modelos de negocios en el mundo digital.
Es urgente la reforma de la tributación de las empresas multinacionales con vistas a conseguir una igualdad de condiciones, para los distintos tipos de empresas más o menos digitalizados. Señala que la tributación de las grandes empresas tecnológicas es una prioridad, por lo que, si bien plantea esperar a la solución que se alcance en la OCDE en el año 2020, afirma que, si para entonces no existe una solución global para un impuesto digital justo, la UE deberá actuar sola.
La nueva presidenta no abandona el proyecto estrella de la UE en fiscalidad directa, señalando que una base imponible común consolidada del impuesto de sociedades (CCCTB) proporcionaría a las empresas unas normas únicas para calcular el impuesto en la Unión Europea favoreciendo el establecimiento de un sistema tributario simple.
Finalmente, aboga por ir hacia la codecisión para la adopción de propuestas en el ámbito fiscal, regla que actualmente impera en la mayoría de los ámbitos de competencias de la UE. La regla de codecisión supondría eliminar la posibilidad de veto que actualmente tienen los países en esta materia, ya que se decidiría por mayoría cualificada en el Consejo, junto con la Parlamento. La anterior Comisión ya presentó un plan de trabajo para ir abandonando gradualmente la unanimidad y si bien los estados se mostraron reticentes, el único país que claramente dio su apoyo al cambio de regla de decisión fue España.