El pasado 1 de julio de 2025, el Consejo de Ministros dio luz verde a la remisión a las Cortes Generales de la propuesta para ratificar el Convenio 191 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce como derecho fundamental la protección de la salud y la seguridad en el entorno laboral. Esta medida refuerza el compromiso del Estado con un modelo de relaciones laborales más garantista y en sintonía con los estándares internacionales más exigentes en materia de prevención de riesgos.
Este nuevo instrumento internacional, aprobado en la 111ª Conferencia Internacional del Trabajo en 2023, unifica y moderniza ocho convenios anteriores de la OIT, consolidando en un solo texto normativo el principio de que ningún trabajador debe ver comprometida su integridad física o mental por causa de su empleo. La inclusión de este derecho en el catálogo de derechos fundamentales obliga a los Estados firmantes a garantizar su cumplimiento con el mismo rigor que otros pilares del derecho laboral internacional, como la libertad de asociación o la erradicación del trabajo forzoso.
La futura ratificación por parte de España supondrá un cambio de paradigma en la normativa sobre salud laboral, al situar esta materia en el núcleo del sistema de garantías jurídicas. Este avance podría requerir una revisión del marco normativo vigente, incluida la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, para asegurar su plena adecuación a los compromisos internacionales asumidos.
El procedimiento seguido por el Ejecutivo ha respetado los principios de participación institucional y diálogo social, conforme a lo previsto en el Convenio 144 de la OIT. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha confirmado que la propuesta fue sometida a consulta con los principales agentes sociales, garantizando así la legitimidad del proceso y su alineación con los principios de gobernanza democrática del trabajo.
Una vez que las Cortes Generales otorguen su autorización, el instrumento de ratificación será formalmente depositado ante la OIT, momento a partir del cual el convenio adquirirá plena eficacia jurídica en el ordenamiento español.
Con esta incorporación, España alcanzará la cifra de 140 convenios de la OIT ratificados, consolidando su posición como el país con mayor número de instrumentos internacionales laborales en vigor. En los últimos años, el Gobierno ha impulsado la adhesión a tratados clave como los convenios 167, 184, 188, 190, 189 y 177, que abordan desde la seguridad en sectores específicos hasta la protección frente a la violencia en el trabajo.
El Convenio 191 impone a los Estados la obligación de diseñar políticas públicas integrales en materia de salud y seguridad laboral, establecer mecanismos eficaces de control e inspección, y fomentar una cultura preventiva que involucre activamente a empleadores, trabajadores y sus representantes.
La decisión del Gobierno de avanzar en esta ratificación representa un hito en la evolución del derecho laboral español. No solo refuerza el compromiso institucional con la dignidad del trabajo, sino que también proyecta a España como referente internacional en la defensa del trabajo decente, en un contexto global marcado por profundas transformaciones económicas, tecnológicas y sociales.