Durante la última semana ha trascendido, por un lado, el reclamo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que las pymes españolas diversifiquen sus fuentes de financiación a través de admisiones a cotización o emisiones de bonos o pagarés. A nivel comunitario, también se han hecho públicos los avances del proyecto de la Comisión Europea de integrar, en mayor medida, los mercados de capitales dentro de la Unión Europea y, en concreto, de lograr una homogeneización del mercado de bonos garantizados y potenciar la distribución transfronteriza de fondos de inversión. Ante estas noticias, nos ha parecido este un buen momento para recapitular y analizar en qué estado se encuentra es España la financiación alternativa a la bancaria.
Cabría entender que el contexto actual, marcado por el crecimiento económico y el exceso de liquidez que deriva de los reducidos tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo, no reúne las condiciones propicias para la proliferación de la financiación no bancaria. Nada más lejos de la realidad. Sin perjuicio de que la actual coyuntura económica no motive, a priori, el desarrollo de este tipo de financiación alternativa, ésta sigue evolucionando de manera exponencial. Por un lado, evoluciona gracias al apoyo e impulso institucional. Por otro, y sobre todo, gracias a la flexibilidad que este tipo de financiación, en sus diferentes formas, lleva aparejada, lo que está permitiendo a un número cada vez mayor de compañías españolas encontrar trajes “a medida” para sus necesidades de financiación. Esto, a su vez, está suponiendo que en los equipos financieros y de gestión de las empresas españolas se imponga cada vez más una mentalidad no reactiva, que les está llevando a anticiparse a posibles futuras situaciones de cierre del crédito bancario diversificando sus fuentes de financiación de manera proactiva.
Volviendo la mirada unos años atrás, recordemos lo que es una obviedad: las grandes compañías españolas (la gran mayoría de ellas cotizadas e incluso formando parte del IBEX) – es decir, aquellas entidades que, a priori y desde un punto de vista de riesgo de crédito, tienen una mejor y más fiable capacidad de repago – cuentan con fácil acceso a la financiación bancaria, sobre todo en el entorno actual de certidumbre económica y, sin embargo, no por ello dejan de acudir, y así lo han hecho desde siempre, a otras formas de financiación que no tienen procedencia bancaria. Esto es, diversifican sus necesidades de financiación acudiendo a emisiones de bonos o pagarés en los mercados de capitales. Sin embargo, no ha sido éste el panorama habitual de la mayoría del tejido empresarial español, que ha tenido siempre absoluta dependencia del crédito bancario.
El contexto económico de los últimos años y la política monetaria del Banco Central Europeo han sido determinantes en la originación del cambio de paradigma: la evolución de la financiación alternativa. La crisis provocó el cierre del crédito bancario, lo que generó el acceso al mercado crediticio español de financiadores alternativos y métodos de financiación distintos a los tradicionales que, si bien no se han consolidado aún como alternativa real, sí creemos que están muy cerca de encontrar su nicho, convirtiéndose así en una alternativa estructural, no coyuntural, a la financiación bancaria. Así, ya llevamos varios años viendo como las pequeñas y medianas empresas españolas (más las medianas, de momento) quieren seguir los pasos de las grandes compañías del país y ya han iniciado su desembarco en los mercados de capitales, algunas de ellas de forma recurrente, con emisiones de bonos y pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y otras recibiendo financiación alternativa directamente de los conocidos como fondos de crédito o deuda. Es cierto que, en un origen, la motivación clara de este tipo de entidades para acudir a financiación no bancaria ha sido precisamente la necesidad de refinanciar deuda bancaria o incluso evitar el concurso, pero desde hace unos años la financiación alternativa ha servido para lo que antes era impensable: afrontar adquisiciones y operaciones de reestructuración o incluso como financiación corporativa.
No obstante, los volúmenes todavía son bajos, entre otros motivos porque los bancos han vuelto a prestar a precios muy competitivos, pero también por otros factores importantes que sin duda ralentizan el avance de la financiación alternativa, como pueden ser las dudas sobre cómo acceder a ella y los retos jurídicos que puedan tener que afrontar las compañías que opten por esta vía. Por este motivo, a continuación hacemos una rápida aproximación a lo que realmente se entiende como financiación alternativa o direct lending para desmitificarla y sobre todo para mostrar que efectivamente está presente en el panorama financiero más de lo que se cree. La financiación alternativa consiste en cualquier forma de acceso al crédito en la que el prestamista o prestamistas no tienen la consideración de entidad de crédito, esto es, no tienen licencia bancaria y por lo tanto no están sujetos a las limitaciones y exigentes requerimientos aplicables a las entidades de crédito. Tan simple como eso. El subyacente de la financiación alternativa es el mismo: crear una relación de acreedor-deudor por la que el primero facilita fondos al segundo a cambio de una remuneración por el capital prestado, que ha de ser devuelto en un plazo determinado. Por lo tanto nada distinto a lo ya conocido por las empresas en sus relaciones de acreedor-deudor con los bancos.
Las formas que está adoptando la financiación alternativa sí son, sin embargo, distintas, muchas y variadas, pudiendo variar respecto del formato bancario tradicional la documentación que las sustenta, la ley aplicable, el tipo de garantías, los covenants, la forma de pago, el plazo y el idioma, entre otros aspectos. En cuanto a la tipología, estamos viendo cómo los fondos de crédito se están convirtiendo en alternativa real a la financiación bancaria en operaciones de financiación de adquisición por parte de los fondos de private equity, tanto con formato bono como con formato préstamo. También estamos observando cómo están proliferando fondos de deuda que facilitan financiación hipotecaria puente a los distintos operadores del sector inmobiliario bien para la adquisición de activos, bien para la promoción o remodelación de los mismos. En este último caso no son tanto una alternativa a la financiación bancaria, sino que cubren el espacio al que los bancos no llegan (o más bien no quieren llegar).
Por otro lado, empieza a ser muy común para muchos deudores de este país que su acreedor haya dejado de ser un banco y pase a serlo un fondo de inversión que ha adquirido la cartera de préstamos en la que estaba incluida su deuda. En estos casos, los fondos compradores no son técnicamente prestamistas, puesto que no originan el crédito, pero mediante la gestión del mismo se suele producir una renegociación de los términos de la deuda para adecuarla a la capacidad de repago del deudor, estableciendo así una relación de acreedor-deudor más o menos duradera en la que se podría entender que el comprador del crédito pasa a ser otro financiador alternativo más. Y la lista no acaba aquí, hay plataformas de lending B2B, B2P y P2P, reguladas y no reguladas, pero que no son otra cosa que canalizadores o market places de financiación alternativa en la que proyectos difícilmente financiables por la banca, bien por los riesgos que conlleva, bien porque son una mera expectativa de negocio o incluso por ambas cosas, consiguen financiarse a través de estos medios, generalmente con formato préstamo.
Y por último, no porque no haya más tipologías, sino porque la lista sería demasiado numerosa, la financiación vía bonos o pagarés en los mercados de capitales, que ya hemos mencionado antes y que en nuestro país no ha representado tradicionalmente un segmento de financiación representativo en comparación con la deuda bancaria. Si bien, desde hace ya unos años, vemos que la financiación vía bonos o pagarés se está consolidando como alternativa para aquellas entidades cuyo riesgo de crédito se acerca a la calificación crediticia de “grado de inversión”, pero que por su tipo de negocio, tamaño o nivel de apalancamiento, entre otros factores, no reúnen las condiciones para ser considerados como emisores “aptos” para los mercados tradicionales de deuda. De ahí que acudan a los mercados denominados alternativos, tanto en formato cotizado (como puede ser el MARF) como no cotizado (lo que el mercado financiero llama private placement o “colocación privada”). Sirva únicamente como muestra del crecimiento de este tipo de financiación alternativa el crecimiento que ha experimentado el MARF, que en 2017 incrementó las admisiones a cotización, respecto al año anterior, en un 75%.