Costa Rica propone reformar su régimen de zonas francas para adaptarlo al plan BEPS de la OCDE

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La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha publicado un proyecto de ley (número de expediente 21.200) para reformar el régimen de zonas francas y adaptarlo a la acción 5 del plan BEPS de la OCDE, que lucha contra las prácticas fiscales perniciosas teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia. Esta propuesta de reforma es consecuencia de diversos factores, entre otros que Costa Rica es un país candidato a adherirse a la OCDE, es un miembro activo del Marco Inclusivo sobre BEPS establecido en junio de 2016 y es un país formalmente integrante del Foro de Prácticas Fiscales Perniciosas de la OCDE, órgano responsable de evaluar los regímenes fiscales preferentes con base en la citada acción 5 del plan BEPS.

De acuerdo con la revisión de los regímenes fiscales costarricenses realizada por dicho Foro, el único régimen fiscal preferencial a evaluar en el país es el régimen de zonas francas y, dentro de dicho régimen, la única área objeto de revisión es la correspondiente a la prestación de servicios y los requisitos establecidos al efecto.

En la actualidad, una de las actividades permitidas para operar en la zona franca es la exportación de servicios a personas físicas y jurídicas (i) domiciliadas en el exterior o (ii) beneficiarias igualmente del régimen de zonas francas. Dichas empresas prestadoras de servicios no tienen permitido que más del 50% de sus operaciones totales se correspondan con la prestación de servicios dentro del territorio nacional costarricense (por ejemplo, fuera de las zonas francas).

Las principales medidas que el proyecto de ley propone al respecto son las siguientes:

  • Incorporación de un “Índice de Eligibilidad Estratégica para Empresas de Servicios” (IEES) como requisito adicional para las empresas de servicios en zona franca; y
  • Eliminación de los requisitos de exportación de servicios y restricción de operar en el mercado local costarricense para aplicar los beneficios del régimen de zona franca. En este sentido, sería posible operar en el territorio nacional costarricense sin limitación alguna, estando los servicios destinados a dicho mercado sujetos a tributación de acuerdo con la normativa costarricense doméstica.

A día de hoy, se desconoce si la aprobación del proyecto de ley se realizará en el corto plazo por lo que es recomendable que las empresas con filiales prestadoras de servicios en la zona franca de Costa Rica, o que estén considerando establecerse en dicha zona franca, supervisen la evolución del proceso legislativo.