La Consulta Pública, abierta por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad hasta el próximo 10 de abril, tiene como objetivo recabar opiniones de personas y entidades potencialmente afectadas con respecto a las cuestiones que plantea la Directiva MiFID II, que entrará en vigor en enero de 2018.
Con este paso se inicia formalmente el proceso para la transposición de la normativa MiFID II en España, que deberá finalizar el 3 de julio de 2017 como fecha máxima.
La norma proyectada trasladará el contenido de la Directiva y de la Directiva delegada al ordenamiento interno de manera que las alternativas regulatorias han de moverse necesariamente dentro del marco de actuación permitido por la norma comunitaria.
Objetivos perseguidos por la norma nacional de transposición
- Asegurar unos elevados niveles de protección de los inversores en productos financieros.
- Mejorar el marco normativo español de los mercados de valores para fomentar la seguridad jurídica y facilitar su aplicación.
- Reducir las cargas administrativas que soportan las ESIs y simplificar los procedimientos administrativos.
Objetivos de MiFID II
- Aumento de la protección del inversor de productos financieros tratando de eliminar las prácticas inadecuadas en su comercialización, evitando los conflictos de interés y protegiendo, de una manera más eficaz, los activos de los clientes.
- Mejorar la estructura organizativa y el gobierno corporativo de las ESIs reforzando los sistemas de gobierno de las entidades.
- Aumentar la transparencia y la eficiencia de los mercados y establecer un marco normativo homogéneo y equilibrado entre los distintos centros donde se negocian instrumentos financieros.
- Incrementar la seguridad de los mercados reforzando su estabilidad y reduciendo los potenciales riesgos derivados del uso de las tecnologías.
- Fomentar el acceso de las pymes a los mercados de capitales facilitando su acceso al capital y el desarrollo de los mercados especializados.
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