A tan solo siete meses del próximo 29 de marzo de 2019, fecha anunciada para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el estado actual de las negociaciones indica que el margen de maniobra es cada vez menor.
Nos encontramos ante un pulso entre las autoridades británicas y los representantes comunitarios, cuyo resultado es, a día de hoy, incierto. Como consecuencia, la inseguridad de todas las personas y empresas que pueden verse afectadas por esta decisión aumenta y debe ser monitorizada.
Punto de partida:
Tras el referéndum del 23 de junio 2016, se plantearon cinco posibles marcos económicos para redefinir las relaciones comerciales del Reino Unido con la UE:
- Adherirse al Espacio Económico Europeo siguiendo el modelo adoptado por Noruega.
- Conseguir acuerdos bilaterales como Suiza.
- Implementar un marco de asociación como el de Ucrania o Turquía.
- Conseguir un nuevo acuerdo de libre comercio como el celebrado con Canadá.
- Adoptar las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio.
En el caso que se hubiera apostado por el modelo noruego, el principal beneficio para el Reino Unido habría sido el acceso al Mercado Común, salvo en materia agrícola y pesquera. Como contrapartida, debería contribuir a las cuentas Comunitarias, aunque en una cantidad inferior a la actual, y someterse igualmente a cierta legislación comunitaria, sin tener ni voz ni voto en su elaboración.
El modelo suizo conllevaba unas consecuencias similares al modelo noruego, si bien la aportación a las arcas comunitarias sería todavía menor y el Reino Unido habría quedado fuera de la Unión Aduanera.
Si se hubiera optado por un acuerdo de libre comercio o participar en un área de libre comercio a través de un marco de asociación, el resultado habría sido la eliminación total o casi total de los aranceles y se firmarían acuerdos adicionales para reforzar las relaciones y cooperación en numerosos aspectos.
Por el contrario, si las negociaciones no finalizan con un acuerdo, el Reino Unido no tendrá un estatus especial y se verá abocado a regular sus relaciones comerciales con la UE según las reglas establecidas por la OMC.
La situación a día de hoy:
Tras las tensas negociaciones entre ambas partes, el julio pasado el gobierno británico publicó un informe donde expresa su postura sobre cómo afrontar la situación del Brexit y la posterior relación con la UE, cubriendo materias tan significativas como la economía, seguridad, cooperación entre distintas agencias y programas de la UE o qué instituciones jurídico-políticas supervisarían las relaciones entre el Reino Unido y la UE.
Está claro que el gobierno británico busca una solución pragmática que permita mantener la estabilidad económica y comercial del país, sin negar el gran cambio que supone esta decisión para su población. Sus distintos representantes han reiterado la necesidad de actuar con celeridad, teniendo en cuenta que no existe ningún precedente similar que pueda servir de referencia.
La opción preferida por el Reino Unido parece ser un acuerdo de libre comercio como el de Canadá, respetando así las líneas rojas establecidas por el gobierno británico, que son: la no supervisión íntegra por parte del Tribunal de Justicia de la UE; la libertad de negociar acuerdos de libre comercio con otros países; y el derecho a controlar la entrada de inmigrantes.
Este acuerdo garantizaría que, como mínimo, se eliminarían la mayoría de aranceles y existiría un mercado común en el comercio de bienes que permitiría minimizar los costes y la burocracia, cuya posible denominación sería «Facilitated Customs Arrangement».
A pesar de que la propuesta no ha sido todavía negociada, en principio ya fue rechazada por parte de la UE por entender que constituye un cherry picking y es incompatible con los principios fundamentales e integridad del Mercado Común al no contemplar la libertad de movimiento de las personas.
Por contra, un escenario de hard Brexit o no deal nos llevaría a una salida abrupta del Reino Unido de la UE, con poco margen de actuación. Esta salida comportaría un incremento de los aranceles, burocracia asociada a los intercambios comerciales y, además, cobra especial relevancia la complejidad en materia de IVA de las transacciones con países de la UE.
Otros temas sobre los que versan las negociaciones son las aportaciones del Reino Unido a la UE, el estatus que tendrán los ciudadanos europeos (y los británicos en la UE) o el impacto que podría tener el Brexit en Irlanda. En materia de ciudadanos y trabajadores, está previsto que el gobierno británico publique a finales de este mes un informe que cubra los beneficios de la inmigración desde la UE, documento que permitiría sentar las bases para negociar y diseñar un marco de acuerdo para el post-Brexit.
¿Cómo se llevará a cabo el Brexit?
Las negociaciones suscitan una serie de cuestiones e incertezas que, a día de hoy, no permiten tener una respuesta clara sobre cómo se llevará a cabo el Brexit. Todos los temas claves están todavía sujetos a negociación con la UE. No obstante, existe una vocación clara del Reino Unido de mantenerse como centro financiero y de inversión de las empresas multinacionales que, con toda seguridad, se plasmará en su normativa interna en el escenario post-Brexit. Así lo demuestran las últimas iniciativas de su gobierno, diseñando, por ejemplo, una administración aduanera eficiente, o la potencial eliminación de las retenciones sobre pagos por intereses y royalties.
En cualquier caso, la percepción general a día de hoy es que hay una probabilidad alta de un hard Brexit donde no exista un acuerdo ni un período de transición que permitiera mitigar o suavizar los impactos.
Así las cosas, el 18 de octubre se celebrará el próximo Consejo de Europa y posteriormente se buscará la ratificación de los pactos alcanzados en los parlamentos del Reino Unido, de la UE y de cada Estado Miembro, con el fin de alcanzar un acuerdo definitivo antes de la fecha límite del 29 de marzo 2019.
En definitiva, el tiempo se agota y las empresas afectadas deben considerar la implementación de planes de prevención que permitan actuar con agilidad y controlar los riesgos ante un escenario de hard Brexit, cuya probabilidad parece que va aumentando.