Hoy, día 31 de enero, a medianoche, es el momento esperado por los Brexiteers desde hace mucho tiempo. Acompañado de eventos para celebrar la ocasión y de una cierta tristeza para los Remainers, Boris Johnson ejecuta la salida del Reino Unido de la Unión Europea y pasa página en las relaciones que han tenido los británicos con sus vecinos durante los últimos 47 años.
De todos modos, la ejecución del acuerdo de salida no implica que el Brexit termine hoy, puesto que ahora empezarán las negociaciones sobre la forma de la futura relación entre el Reino Unido y la UE. En concreto, ambas partes han señalado su intención de empezar las negociaciones el 5 de marzo. A fecha de hoy, con un periodo de transición que finalizará el 31 de diciembre 2020, el gobierno de Boris Johnson no contempla activar una prórroga para alargarlo hasta el 31 de diciembre de 2022.
Si se consensua un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) durante este período, debería de ser objeto de ratificación por el Parlamento europeo y, en su caso, por los Parlamentos nacionales antes de diciembre de 2020. Esto significa que, a menos de 11 meses, no se puede descartar el riesgo de un Reino Unido sin ALC el próximo 1 de enero del 2021. No obstante, esta situación no afectaría a los temas que están cubiertos en el Acuerdo de Retirada, como, por ejemplo, los derechos de los ciudadanos británicos (en la UE) y europeos (en el Reino Unido), las contribuciones dinerarias del Reino Unido a la UE o la frontera con Irlanda del Norte (si bien sigue existiendo el riesgo de crear tensión y barreras de comercio entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido), entre otros.
Por el momento, el Reino Unido sigue siendo miembro del mercado común y de la unión aduanera, contribuyendo así al presupuesto de la UE, pero sin voz ni voto en sus órganos. No obstante, las empresas afectadas por el Brexit deben revisar sus planes de contingencia con la finalidad de minimizar los potenciales efectos negativos de no contar con un ALC el 31 de diciembre de 2020.
En concreto, una salida sin ALC podría comportar un mayor coste por los aranceles aplicables y de la burocracia asociada a los intercambios comerciales de bienes, cobrando especial relevancia el aumento en la complejidad en materia de IVA e Impuestos Especiales en las transacciones entre los países de la UE y el Reino Unido. Los procesos administrativos que puedan retrasar el proceso de importación y exportación y los costes adicionales que puedan generarse deberían ser objeto de análisis para consensuar quién ha de asumirlos y revisar precios. Igualmente, sería aconsejable hacer una revisión de los incoterms de los contratos con clientes o terceros sobre la importación y exportación de bienes para determinar las nuevas obligaciones y responsabilidades en el Reino Unido y en España.
Sin embargo, no todos los efectos del Brexit están centrados en los flujos de bienes, afectando también a la prestación de servicios desde la UE al mercado británico. Por ello las empresas deben considerar realizar determinadas acciones preventivas. Una de ellas es la revisión de la prorrata de IVA en entidades que prestan desde España servicios financieros o de seguros a Reino Unido. También pueden verse significativamente afectados los servicios publicitarios, de consultoría y royalties, entre otros, a empresas ubicadas en Reino Unido pero que operen también en el mercado comunitario, así como los servicios a distancia a consumidores residentes en Reino Unido y de las operaciones sujetas al régimen de ventanilla única.
Se prevé tener durante los próximos meses – como mínimo por parte de las autoridades fiscales del Reino Unido – más regulaciones específicas sobre las medidas potenciales a tomar después del 31 de diciembre de 2020.
Preocupación por el nivel de alineación de la regulación
Un tema recurrente para el Reino Unido y la UE será también el nivel de alineación en la regulación después del Brexit, que determinará el nivel de integración de sus mercados. En este sentido, menos alineación significará mayores barreras (en forma de costes / compliance adicional o restricciones sobre la capacidad de prestar servicios) en el ámbito del comercio de bienes y servicios.
Estos puntos son muy relevantes para el Reino Unido dada la importancia de los servicios a la UE y las consecuencias negativas de no estar alineados con las regulaciones de la UE (por ejemplo, sobre el sector financiero de la “City”), que podrían llevar al Reino Unido a hacer algunas concesiones en otros ámbitos de las negociaciones para poder mantener un cierto nivel de acceso al mercado único a partir de 2021.
Aunque las Directivas de la UE, como la Directiva Matriz-Filial y la de Intereses y Royalties, no aplicarán a partir de 2021, el Convenio de Doble Imposición entre el Reino Unido y España, que sigue en vigor, proporcionará un nivel de protección reduciendo en gran medida las retenciones sobre los flujos de dividendos, intereses y royalties. En el caso del régimen europeo de fusiones transfronterizas, para empresas operando en el Reino Unido, nos encontramos con la última oportunidad de utilizar las ventajas de este, tanto como vía para la simplificación y optimización de estructuras, como para posibilitar la salida del Reino Unido en algunos casos.
Por último, para muchas organizaciones el capital humano es una de las partes más sensibles del Brexit. En términos de derechos de los ciudadanos, estos pueden seguir viviendo, trabajando, estudiando y jubilándose en la UE (o viceversa, en el Reino Unido) ahora mismo, pero estos derechos cambiarán para los que se muevan después del periodo de transición. Además, después del 31 de diciembre de 2020, el Brexit producirá cambios en el compliance con la Seguridad Social (por ejemplo, la disponibilidad y el uso del certificado A1) y puede obligar a los ciudadanos a obtener visados / permisos adicionales que ahora no son necesarios.
La posibilidad de un Brexit sin ALC después del 31 de diciembre de 2020 existe. El gobierno de Boris Johnson se ha diferenciado (en comparación con el anterior gobierno de Theresa May) por un posicionamiento más duro ante la UE y está dispuesto a aceptar mayores discrepancias en las futuras regulaciones que afecten a la relación entre ambos territorios.
Como consecuencia, es de vital importancia que las empresas con intereses o presencia en el Reino Unido se pongan en marcha cuanto antes para afrontar los principales riesgos asociados a un modelo de comercio bastante diferente en el futuro.