¿Qué ordenamiento nos deparará el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia?

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El 30 de abril, último día del plazo fijado en el reglamento europeo aplicable, fue remitido por el Gobierno español a Bruselas el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, que incluye un extenso catálogo de medidas, clasificadas en reformas e inversiones, las cuales aparecen asociadas a los diversos componentes en los que se dividen las políticas palanca sobre las que se construye dicho plan.

No es de extrañar que el foco de la atención pública se haya situado en las inversiones, considerando el volumen de fondos sin precedentes que va a ser destinado a su financiación. Pero, junto a las inversiones, las reformas constituyen un elemento indispensable para la coherencia, la eficacia y la eficiencia del programa de transformación de la economía. Entre ellas, al menos la mitad (más de una cincuentena) tienen naturaleza normativa. En consecuencia, la lectura del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia aporta información muy valiosa respecto de la actividad regulatoria venidera, que se pone en relación con el concreto componente a cuyo despliegue está llamada a contribuir.

De la misma forma que las inversiones, en un elevado porcentaje, están orientadas a la consecución de la transición ecológica y la transformación digital, también en las reformas normativas estos ejes estratégicos impregnan muchas de las iniciativas que se relacionan. Así, la primera de las 20 principales reformas del plan es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, actualmente en tramitación en el Senado y que se caracteriza por su alcance transversal. Asimismo, el objetivo medioambiental preside otras muchas iniciativas enumeradas, como la hoja de ruta del hidrógeno renovable, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, la actualización de la legislación de aguas u otras más específicas, como en el ámbito de la biodiversidad y el patrimonio natural, la pesca sostenible o la reducción de la contaminación de origen agrario. En muchos de estos casos resulta patente la conexión entre reforma e inversión; así, por ejemplo, en el caso del hidrógeno verde, que cuenta con una inversión estimada de 1.555 millones de euros y que aparece mencionado como un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), se aprecia la necesidad de adaptar el marco regulatorio existente para garantizar el origen renovable del hidrógeno a los consumidores presentes o futuros.

En el plano digital la tramitación de una nueva legislación general de telecomunicaciones (para la transposición del Derecho comunitario) no agota las novedades previstas, sino que se acompaña de iniciativas innovadoras, como la que permita sandboxes o bancos de prueba regulatorios sobre la aplicación de la inteligencia artificial en distintas áreas. De nuevo se revela con nitidez la pertinencia de acompasar las reformas con las inversiones. A modo de muestra, el impulso de las pymes cuenta con un componente específico (el 13) en el que medidas específicas de desembolso –como el plan para su digitalización, en el que el programa estrella (denominado Digital Toolkit) está dotado con 3.000 millones de euros– conviven con la planificación de modificaciones normativas que aspiran a mejorar el clima de los negocios y a fomentar el emprendimiento, incluyendo una ley de startups para promover la constitución y crecimiento de empresas emergentes altamente innovadoras.

Adicionalmente a estos ejes, la búsqueda de una mayor cohesión social, con particular acento en los ámbitos sanitario y educativo, es otro de los vectores sobre los que pivota el plan, con medidas tales como un nuevo marco de los servicios sociales públicos, la modificación del Estatuto marco del personal sanitario y de la Ley del Medicamento o la reforma del sistema integral de la formación profesional y del sistema universitario. Para la cohesión económica se esperan nuevas regulaciones que faciliten la creación de empresas, la reducción de la morosidad y la modernización del marco concursal, a las que se suman otras reformas sectoriales, como en la industria, la comunicación audiovisual o el turismo.

Finalmente, los últimos componentes están referidos al ámbito impositivo, donde se anuncian reformas fiscales de calado. Por su interés para la actividad empresarial, cabe destacar los cambios previstos en el Impuesto sobre Sociedades, encaminados a incrementar la recaudación, tanto en el corto como en el medio plazo, con la revisión de exenciones y deducciones en orden a asegurar una tributación mínima de un 15% por los contribuyentes. También en la fiscalidad verde se avanzan novedades en forma de nuevos impuestos sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración o los envases de plástico no reutilizables, o como la comentada creación de un pago por uso de la red viaria de carreteras.

Es difícil ofrecer una valoración global de estas reformas, no solamente por su diversidad, sino también por la desigual información de la que disponemos sobre el alcance de cada una de ellas. Y ello por cuanto, pese a que algunas son hoy conocidas por estar en tramitación, bien parlamentaria (como la citada Ley de Cambio Climático y Transición Energética), bien administrativa (como las leyes generales de telecomunicaciones y comunicación audiovisual o la Ley de Residuos y Suelos Contaminados), o incluso por haber sido ya aprobadas (como los recientes impuestos sobre derechos digitales y las transacciones financieras), la mayoría de las normas solamente aparecen anunciadas y descritas de forma escueta, particularmente las que atañen al ámbito laboral y de las pensiones, sin que se sepa el detalle de su contenido. Con todo, no debe desdeñarse la información que proporciona el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, pues permite a las empresas anticipar la agenda normativa del Gobierno y prepararse para los cambios regulatorios que se avecinan.


Artículo publicado originalmente en Cinco Días el pasado día 12 de mayo de 2021.