El pasado 21 de enero de 2020, el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España (en adelante, la Declaración), en el que se compromete a desarrollar 30 líneas de acción prioritarias —cinco de ellas en los primeros 100 días—, que tendrán impacto en los operadores económicos e incidirán en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación y de salud.
Compromisos que se materializarán en los primeros cien días de Gobierno
- Se remitirá al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que garantice la obligación de alcanzar las emisiones netas cero, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, impulsando para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatible con la descarbonización de la economía y de la sociedad.
- Se definirá la senda de la descarbonización, con el fin de alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. En esta línea, se presentará una actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (en adelante, PNIEC).
Actualmente se encuentra sometido a trámite de información pública el Estudio Ambiental Estratégico de esta actualización del PNIEC hasta el 25 de marzo. Del texto sometido a información pública destaca respecto del anterior en un mayor incremento de inversión en unos 5.000 millones de euros, y mayor inversión en redes y electrificación en detrimento de renovables, ahorro y eficiencia.
- Se prevé un mayor esfuerzo en la reducción de emisiones sobre todo para el sector eléctrico y el transporte.
- Se prevé que el 80% de la inversión tenga origen privado. Se prevé un incremento de unos 3.000 MW de solar fotovoltaica hasta superar los 39 GW, la cogeneración se incrementa en 0,6 GW. y se prevé la desaparición del carbón ahora por completo. Quizá el incremento tan menor en cogeneración no sea suficiente para alcanzar los objetivos de eficiencia y de reducción de emisiones proyectado, sobre todo teniendo en cuenta la reducción del régimen retributivo específico contenida en la actual Propuesta de orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a instalaciones de energías renovables, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 01 de Enero de 2020.
- Se impulsarán Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento a las industrias.
Líneas prioritarias más destacadas
Junto a estas medidas, la Declaración define otras 25 líneas prioritarias entre las que destacamos las siguientes, algunas de ellas ya previstas en anteriores versiones del proyecto de Ley de Cambio Climático:
- Se prevé la elaboración de los siguientes planes y programas: (i) Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, (ii) Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, (iii) planes y programas de cara a actuar contra la pobreza energética y (iv) Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un (v) programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público, (vi) Estrategia de Economía Circular, (vii) Estrategia de Turismo Sostenible, (viii) Estrategia para la protección de la Costa Española, (ix) actualización de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, (x) Estrategia de Lucha Contra la Desertificación, (xi) Estrategia Nacional Forestal, (xii) Estrategia frente al Reto Demográfico y finalmente, pero no menos importante, la (xiii) Estrategia Industrial que concilie el progreso de la industria con la sostenibilidad.
- Introducir la variable del cambio climático de manera específica en la política fiscal, De hecho, se prevé no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas.
- No se autorizará nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para actividades de fracturación hidráulica de alto volumen (fracking).
Se prevé la aprobación de los siguientes textos normativos:
- Una nueva Ley de Industria para que se alcancen los objetivos de descarbonización de la economía, de una manera ordenada, anticipando y mitigando los impactos.
- Ley de Residuos que aborde la problemática de los plásticos de un solo uso, con el fin de alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050.
- Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.
- Se reconsiderarán los regímenes jurídicos de la costa y del mar con el objetivo de planificar el conjunto del Dominio Público Marítimo-Terrestre en un contexto de cambio global, lo que puede ya afectar a industrias e instalaciones localizadas en dicho dominio.
- Se articulará la protección e información de los consumidores, buscando para ello fórmulas y actuaciones que conduzcan a mejorar la sostenibilidad de los modos de producción y consumo hacia un sistema más ecológico.
- Finalmente, también se prevé la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático para participar en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático, sin que se indique ni su composición (más allá de la participación de jóvenes y equilibrada por razón de género), ni sus funciones.