Una vez aprobado, el pasado 8 de abril en el Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética e iniciada ya su tramitación en el Senado -y recién constituido el grupo de expertos para una reforma tributaria integral-, ya no hay excusas para no abordar de manera consistente y uniforme una fiscalidad verde en España. Una fiscalidad medioambiental que, salvaguardando la unidad de mercado, sirva para impulsar y ayudar a alcanzar los objetivos climáticos ambiciosos que nos hemos marcado en España para 2030-2050, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en pro de la necesaria neutralidad climática.
Los objetivos fijados para 2030-2050 por la ley son, en palabras de la propia ministra, una «ambición inquebrantable» y, entre otros, son los siguientes: la reducción de emisiones de CO2 en, al menos, un 23% respecto de 1990; la reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos de edificios, residuos o agricultura) en un 39% ( 13 puntos por encima de la meta europea); una penetración de energías renovables en consumo de energía final de, al menos, un 42%, y en generación de, al menos, un 74% (un 100% para el 2050); un objetivo del 39,5% del aumento de la penetración de la eficiencia energética; en el ámbito de la movilidad, alcanzar en 2050 un parque de vehículos sin emisiones directas de C02; establecimiento de obligaciones de instalación de puntos de recarga de coches eléctricos en edificios y aparcamientos; utilización de combustibles alternativos en el transporte; penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías en distancias superiores a los 300 km, etc.
Para ello, se establecen medidas y habilitan mecanismos que faciliten su desarrollo y cumplimiento: prohibición de nuevas exploraciones y proyectos de extracción de hidrocarburos -los ya concedidos no podrán prorrogarse más allá de 2042-; prohibición del denominado fracking y de la minería radioactiva; compromiso de una propuesta de ley para la reforma del sector eléctrico; aprobación cada cinco años de un plan nacional de adaptación al cambio climático; creación de un comité de expertos de cambio climático; eficiencia energética y rehabilitación de edificios; compromiso de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar instalaciones de autoconsumo; compromiso de presentación de ley de residuos y suelos contaminados….
Según la Exposición de motivos de la ley, la transición energética promovida movilizará más de 200 mil millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030.
Por otro lado, en España, hasta ahora, no se ha acometido una reforma fiscal medioambiental integral, sino que, más al contrario, desde 2013 se fueron introduciendo impuestos estatales, así como tributos autonómicos y locales que, claramente, han ido contribuyendo a la dispersión y fragmentación normativa actual, sin que hayan cumplido con su finalidad medioambiental y, puede decirse que, tampoco, con su finalidad recaudatoria. Ya el Informe Lagares señalaba en 2014, entre otras propuestas de reforma del sistema tributario español, cambiar sustancialmente los impuestos medioambientales y mejorar la unidad de mercado y la neutralidad fiscal. Además, ahora debe ponerse de relieve, también, que España carece de incentivos fiscales para la inversión sostenible que pudieran servir de estímulo para acometer la transición.
Así las cosas, el Ministerio de Hacienda ha aprobado una resolución para crear el comité de expertos que elaborará el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria que se pretende abordar. El comité tendrá como objetivo realizar un análisis del sistema tributario en su conjunto>, y valorar aspectos como la suficiencia, equidad y eficiencia del sistema, las tendencias internacionales -sobre todo en fiscalidad verde y digital-, y sus consecuencias en el modelo territorial y en el proceso de integración europeo. Cabe destacar que el Grupo se enfocará especialmente en la fiscalidad medioambiental, imposición societaria, tributación de la economía digital y armonización de la tributación patrimonial.
Todo ello significa, por tanto, que estamos ante una magnífica oportunidad para vertebrar, de una vez por todas, un sistema fiscal ambiental y armonizado a nivel estatal, autonómico y local consistente con los objetivos perseguidos en la nueva Ley de Cambio Climático y que, a su vez, favorezca la inversión, la libre competencia y la unidad de mercado. También puede ser un buen momento para valorar la introducción de incentivos fiscales que impulsen y aceleren el cambio hacia un modelo de crecimiento sostenible. Ello ayudará e impulsará a aquellas empresas y empresarios que abogan por una inversión sostenible, a la transformación de sus estrategias de negocio y actividad, reduciendo así los costes de transición que ello supone.
Confiemos en que así sea…