La economía circular: hacia un nuevo modelo económico y regulatorio

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Nos encontramos en un momento histórico de asunción de la necesidad de preservar el medioambiente. Crece una demanda social activa para reducir los efectos negativos que pueden producir sobre el planeta la actividad y los productos comercializados por las empresas. En este contexto, cobra especial relevancia la creciente toma de conciencia y, en ocasiones, alarma social, respecto a los perjuicios derivados de la generación y abandono descontrolado de plástico, por ejemplo, en el mar, el aumento de las emisiones y su incidencia en el cambio climático del planeta, y el uso de sustancias nocivas para la salud. Todo ello, sin olvidar la necesidad de aprovechar al máximo y de la forma más rentable los recursos disponibles ante la escasez de los recursos naturales, como el agua, y de materias primas, está llevando a un cambio de enfoque productivo, que evoluciona del tradicionalmente lineal, al nuevo modelo de economía circular.

En palabras de la Unión Europea, este nuevo modelo debe contribuir a los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador establecidos en la Estrategia Europa 2020 y crear oportunidades de importancia para las economías locales y los interesados. A la vez, el modelo potencia las sinergias entre la economía circular y las políticas en materia de energía, clima, agricultura, industria e investigación, y aporta beneficios al medio ambiente y a la economía en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con el fin de hacer realidad estos propósitos, recientemente, se aprobó el llamado paquete de economía circular, que comprende las Directivas que modifican la principal regulación comunitaria en materia de residuos:

  • Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y el Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos; 
  • Directiva(UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y el Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases;
  • Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos;
  • Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Estas Directivas incorporan un nuevo enfoque circular de la producción, priorizando el principio de jerarquía en la gestión de los residuos; imponiendo medidas de prevención de la generación de residuos, como el ecodiseño en la fabricación de nuevos productos, y la reutilización o el desarrollo de mercados de segunda mano o de productos reciclados. Establecen, asimismo, objetivos ambiciosos de recogida separada, reciclado y de reducción de depósito en vertedero de los residuos.

Asimismo, la nueva legislación comunitaria regula de forma armonizada las obligaciones a imponer a los productores sometidos a la Responsabilidad Ampliada del Productor en todos los Estados miembros, que se resumen en la obligación de organizar y financiar la gestión de los residuos en que se transformen los productos que ponen en el mercado cuando finalice su vida útil.

La apuesta por la economía circular ha impulsado otras iniciativas comunitarias, como la Estrategia Europea de Plásticos, que se aprobó el pasado 16 de enero de 2018, y que sienta las bases para una nueva y más sostenible economía del plástico. Los objetivos principales de esta nueva estrategia van encaminados a que todos los envases de plástico del mercado de la UE sean reciclables o reutilizables antes de 2030, a que se reduzca el consumo de plásticos de usar y tirar y a que se restrinja la utilización deliberada de microplásticos. En este marco, se encuentra ya en tramitación la propuesta de Directiva para la reducción del impacto de ciertos plásticos en el medio ambiente (SUPD).

¿Quiénes son las principales empresas afectadas por las novedades de las Directivas?

La nueva regulación sobre economía circular afecta a empresas relacionadas con el medio ambiente: gestores de residuos, transportistas, empresas dedicadas a la reutilización o que empleen productos reciclados en la fabricación de sus nuevos productos.

Afecta también a empresas productoras de productos sometidos a esta regulación, por ejemplo cualquier productor de material plástico o productos de plástico, cuya actividad puede verse limitada o prohibida en un futuro próximo.

Dentro de las empresas productoras, en especial, cuando se trate de productos sujetos a la Responsabilidad Ampliada del Productor (cualquier envasador -lo que afecta a la práctica totalidad de empresas españolas, que embalan o envasan los productos que ponen en el mercado-; aparatos eléctricos o electrónicos; pilas y acumuladores o vehículos) o que puedan estarlo próximamente por decisión del Estado español, a quien las Directivas remiten la decisión: residuos textiles, agrarios, plásticos, colchones, mobiliario o papel, entre otros.

¿Cuándo comenzarán a aplicarse estas nuevas obligaciones en España?

Con carácter general, los Estados miembros deben transponer el paquete de economía circular antes del 5 de julio de 2020. Por ello se espera, que, durante los próximos dos años, el Gobierno inicie la reforma de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y su normativa de desarrollo, incluyendo la esperada modificación de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Este proceso de transposición ya se ha iniciado con la incorporación a la Ley de Residuos de algunas de las obligaciones recogidas en la Directiva Marco de Residuos, como la recogida separada obligatoria de los residuos peligrosos de origen doméstico y de residuos textiles antes del 31 de diciembre de 2024. También se ha incluido la obligación de recoger de forma separada los biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2020 para los municipios de más de cinco mil habitantes y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto de municipios.

En la misma línea, también se ha aprobado a nivel estatal la Estrategia Española de Economía Circular, que se alinea con los objetivos de la Comisión y fija un marco general que permite desplegar las medidas necesarias para favorecer que nuestra economía sea circular y por tanto plenamente sostenible y competitiva en el marco internacional en 2030. También las Comunidades Autónomas están actualmente aprobando sus propios planes de economía circular y proyectos de leyes ambientales.

Asimismo, en línea con la Estrategia de Plásticos publicada por la Comisión Europea, se ha aprobado en España el Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico que, desde el 1 de julio de 2018 prohíbe la entrega gratuita de bolsas de plástico ligeras a los consumidores en los puntos de venta y, a partir del 1 de enero de 2021, prohibirá la entrega–gratuita o no– de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras no compostables a los consumidores en los puntos de venta.