¿Habrá nueva reforma tributaria en Estados Unidos?

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El pueblo estadounidense ha votado y, aun cuando los resultados electorales aún no han sido oficialmente proclamados, los escrutinios provisionales apuntan a que el próximo 20 de enero la Casa Blanca tendrá nuevos moradores.

Durante la campaña electoral, el entonces candidato Joe Biden desgranó una serie de propuestas de reforma fiscal que, de materializarse, podrían tener un impacto significativo en la cuenta de resultados de las empresas españolas con presencia en EE.UU. Entre estas medidas se incluye la elevación del tipo federal del Impuesto sobre Sociedades desde el actual 21% hasta el 28%. Si sumamos al impuesto federal el impuesto estatal, la imposición nominal media sobre las sociedades estadounidenses se situaría en el entorno del 33%, a la cabeza de la OCDE y diez puntos porcentuales por encima de la media.

También se ha anunciado un plan para instaurar un impuesto mínimo del 15% del resultado contable (¿les suena?), así como la propuesta de doblar la imposición sobre las rentas obtenidas por las filiales extranjeras de sociedades estadounidenses, si bien esta medida tendría un impacto mucho más limitado sobre los grupos españoles, que no es frecuente que tengan participaciones en terceros países a través de sus filiales americanas.

Ahora bien, pese a los relevantes poderes que la Constitución americana otorga al presidente, no conviene perder de vista que la potestad legislativa reside, principalmente, en el Congreso bicameral, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado. Las elecciones de la semana pasada han sido también legislativas y ambas instituciones han sido objeto de renovación parcial, siendo así que el partido demócrata conservará la mayoría, aunque disminuida, que obtuvo en la Cámara de Representantes en 2018.

La situación en el Senado está, sin embargo, menos clara. Hasta las pasadas elecciones los republicanos contaban con 53 de los 100 escaños en la cámara alta y el escrutinio hasta la fecha arroja un empate a 48 senadores con cuatro escaños pendientes de adjudicar. De estos cuatro, es muy probable que dos caigan del lado republicano y los dos restantes, correspondientes al Estado de Georgia, se decidirán en una segunda vuelta, el próximo 5 de enero. Si ambos cayeran del lado demócrata (Biden ha ganado en Georgia, si bien por un ajustadísimo margen) se produciría un empate a 50 senadores. ¿Qué sucedería entonces? Entraría aquí en juego una previsión constitucional, no muy conocida, pero de gran trascendencia práctica. El vicepresidente de los EE.UU., que por mandato constitucional no puede ser miembro de ninguna de las cámaras legislativas, tiene, sin embargo, entre sus funciones la de presidir el Senado. Al no ser senador, el vicepresidente no tiene derecho de voto, salvo en un caso: cuando se produce un empate.

En consecuencia, si Joe Biden se convierte en el próximo presidente y los demócratas alcanzasen los 50 senadores, el voto de la entonces vicepresidenta Harris otorgaría a los demócratas el control del legislativo y les daría la oportunidad de implementar parte de su programa de reforma tributaria. No obstante, con tan frágil mayoría parlamentaria no se podrían permitir perder ningún voto de los senadores demócratas más centristas y tendrían, por tanto, que intentar mantener cohesionadas las huestes con propuestas quizás menos ambiciosas pero que suscitasen consenso dentro del propio campo demócrata.

Por el contrario, si los republicanos revalidan al menos uno de los dos escaños de Georgia, mantendrán el control del Senado y esta circunstancia pondrá, previsiblemente, muy difícil la aprobación de las subidas de impuestos propuestas por el candidato demócrata, ya que cualquier medida legislativa debe ser aprobada por ambas cámaras. En esta situación, que los americanos denominan de “gobierno dividido”, las posibilidades de una reforma tributaria de calado se reducen significativamente, pero eso no significa que no vaya a haber cambios en la normativa tributaria. A causa de las limitaciones impuestas por el procedimiento legislativo que se siguió para la aprobación de la reforma tributaria de 2017, muchas de sus previsiones tienen una vigencia temporal. Así, por ejemplo, y por citar solo algunas de las que más directamente pueden afectar a las multinacionales españolas, la amortización acelerada de activos se irá reduciendo paulatinamente a partir de 2023. Del mismo modo, la limitación a la deducibilidad de gastos financieros, que en la actualidad está fijada en un 30% del EBITDA, pasará a tener el EBIT como magnitud de referencia a partir de 2022. Es evidente que ambas medidas tienen potencial para impactar al alza la carga tributaria de los grupos españoles.

Más a corto plazo, el líder de la mayoría republicana en el Senado hizo un llamamiento la semana pasada a retomar las negociaciones para la aprobación en los próximos meses de un nuevo paquete de ayudas con las que hacer frente a los efectos económicos de la pandemia causada por la COVID-19. Las propuestas actualmente sobre la mesa difieren sustancialmente, tanto en el monto de las ayudas como en la configuración y los destinatarios de las mismas. No obstante, hay ciertas áreas en las que las posiciones están más próximas (ambos partidos están proponiendo deducciones fiscales asociadas al empleo) y habrá que ver si las posiciones se acercan lo suficiente como para alcanzar un acuerdo antes de final de año.