El Consejo de la Unión Europea ha dado el visto bueno a la modificación de la Directiva de Cooperación Administrativa estableciendo una nueva obligación de información para intermediarios (asesores fiscales, abogados o bancos) y contribuyentes.
Se impone la obligación de informar a las administraciones tributarias sobre aquellos esquemas transfronterizos que sean calificados de fiscalidad agresiva.
En determinadas ocasiones, esta obligación se traslada a los contribuyentes, sean estos personas físicas o jurídicas: cuando el esquema se haya desarrollado sin intermediario, el intermediario esté fuera de la Unión Europea o el intermediario esté amparado por el secreto profesional.
Básicamente, la Directiva obliga a comunicar a la administración los mecanismos que reúnan dos características: que sean transfronterizos y que potencialmente sean planificación fiscal agresiva. Es decir, las empresas y las personas físicas se van a encontrar con una nueva obligación de información sobre todo aquello que sea fiscalidad agresiva según la Directiva. Resultará conveniente analizar qué operaciones o estructuras van a tener que ser objeto, directo o indirecto, de reporte.
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