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El cambio del paradigma fiscal en la industria de entretenimiento y medios


El entorno fiscal global en el que operan los grupos multinacionales está cambiando a un ritmo acelerado nunca antes visto. Además, esta situación es aún más notable si se tiene en cuenta que el contexto actual es más complejo y presenta desafíos de mayor envergadura en el ámbito de la fiscalidad, en particular, en el campo de la fiscalidad internacional donde operan los grandes grupos de entretenimiento y medios.

Si miramos hacia atrás, vemos que el último gran desafío al que se enfrentaron los Estados en materia tributaria fue la ausencia de un marco internacional estable que favoreciese el comercio internacional, debido a la existencia de numerosos supuestos de doble imposición favorecidos por la interacción descoordinada de las distintas soberanías fiscales. Eran los años 20 cuando la Sociedad de Naciones iniciaba los trabajos y finales de los años 70 del siglo pasado cuando la OCDE culminó la tarea de establecer un marco fiscal internacional más estable y menos gravoso para las empresas. Más de cincuenta años de trabajos.

Si nos situamos en el presente, vemos que el debate se centra en el polo opuesto, en la falta de recaudación a nivel internacional. Algunos opinan que el problema radica en la existencia de lo que se denominan "supuestos de desimposición". Otros se expresan en términos de prácticas fiscales abusivas y algunos mantienen que el problema sigue radicando en la existencia de paraísos fiscales o en una mezcla de todo lo anterior.

Tampoco faltan opiniones en contra de las ayudas de Estado como causantes del problema, incluso en ocasiones donde la barrera entre ayudas de Estado y uso de la soberanía fiscal nacional puede ser más que difusa. En definitiva, las multinacionales se enfrentan ahora a una corriente de opinión basada en la existencia de una menor recaudación, tanto para los Estados como en términos globales, y en la existencia de recaudaciones asimétricas con la cadena de valor empresarial.

En este punto, cabe destacar que, salvo en los casos de acciones ilegales, es la propia evolución del sistema y el retraso de los sistemas fiscales para adaptarse a la nueva economía global basada en la alta movilidad de los factores productivos con base en la tecnología y en la digitalización la que ha llevado a la situación actual. Algo reforzado, sin duda, por la tradicional competencia fiscal entre Estados. A esta situación se enfrentan no solo las multinacionales cuyo modelo se basa en la venta online, sino también las empresas de entretenimiento y medios en proceso de digitalización o aquellas que son nativas digitales.

En este entorno digital y global, cualquier nuevo modelo de negocio o el lanzamiento de cualquier servicio precisan necesariamente de su propio análisis previo de impactos fiscales, algo en gran medida derivado de su falta de encaje dentro del ecosistema fiscal internacional.

Incidíamos al principio en la aparente lentitud de reacción de los órganos supranacionales para adaptarse a la realidad fiscal internacional, sin duda, debido a la búsqueda de consenso sobre intereses muy dispares. Hoy podemos afirmar que el paradigma ha cambiado. Es en 2012 cuando el G20 solicita a la OCDE que plantee acciones correctoras y es en 2014 cuando esta organización publica su conocido Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficio (conocido por sus siglas en inglés como BEPS). Sí, los trabajos duraron solo dos años.

Además, a este tipo de acciones se han sumado otras instituciones, como la propia Unión Europea, que ha aprobado el 12 de julio de este mismo año lo que se conoce como directiva anti-elusión (ATAD por sus siglas en inglés), con una celeridad incluso superior a la de la propia OCDE.

Resulta sorprendente que la Unión Europea haya reaccionado con tanta prontitud cuando normalmente los Estados miembros siempre han sido reticentes a cualquier tipo de medida que, aunque sea de forma lejana, suponga una intromisión a su soberanía nacional en materia de imposición directa. A modo de ejemplo, cabe recordar que la aprobación de un asunto tan relevante como la eliminación de la doble imposición de dividendos distribuidos (directiva conocida como Matriz-Filial), llevó más de 20 años de negociaciones o que la propuesta planteada en 2011 para una tributación común y consolidada en la Unión Europea no fue aprobada.

El dinamismo que han alcanzado las instituciones para abordar reformas del marco fiscal internacional es un síntoma claro del elevado grado de importancia que ha alcanzado el asunto. A esta nueva velocidad deben adaptarse las empresas multinacionales cuyas estructuras fiscales deberán estar en continua revisión y replanteamiento.

En el marco de este nuevo paradigma fiscal internacional, es previsible que se tienda a una situación de incremento de la presión fiscal directa sobre las empresas multinacionales (incluso volviendo a darse supuestos de sobreimposición) y a nuevos mecanismos de control supranacional (siguiendo la tendencia del conocido como Country by Country report). Pero sobre todo, se espera un incremento de la conflictividad entre Estados y empresas de manera que acciones tomadas por un país concreto provoquen reacciones inmediatas en otros.

En ese contexto, cobra aún más importancia que las multinacionales que operan en el sector de medios y entretenimiento cuenten con excelentes mecanismos de buen gobierno fiscal y que sean capaces de trasladar a la sociedad y a los Gobiernos su contribución a las distintas jurisdicciones donde operan. Mientras tanto, se espera que la propia OCDE clarifique y estandarice el concepto de "presencia digital significativa" (en relación con las acciones 1 y 7 de BEPS), ya que es un aspecto especialmente relevante de la economía digital que deberán afrontar las compañías de esta industria dado su impacto en sus modelos de negocio o, al menos, en su fiscalidad.

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